Jurisdicción universal

J O R G E   C A S T A ñ E D A

Jurisdicción universal

El ex Presidente mexicano invocó la inmunidad propia de ex mandatarios por actos cometidos mientras estaban en funciones

A más tardar el próximo 7 de septiembre, el gobierno de EE.UU. deberá presentar al juez Judson O. Littleton su "declaración de interés" para dar "inmunidad soberana" al ex presidente Zedillo. Como se recordará, Zedillo fue demandado por familiares de las víctimas de Acteal de 1997. Los familiares exigieron 50 millones de dólares por reparación de los daños. El ex Presidente mexicano invocó la inmunidad propia de ex mandatarios por actos cometidos mientras estaban en funciones, de acuerdo con la Ley de Inmunidad Soberana de EE.UU., vigente desde 1976. El Gobierno de México, a finales del año pasado, solicitó al de EE.UU. que "sugiriera" al juez dar dicha inmunidad. La carta donde el Gobierno de Calderón solicita esta intervención no ha sido divulgada, pero su existencia es indiscutible. Todo indica que el departamento de Estado ya ha redactado su recomendación para que sí se dé la inmunidad. Todo indica también, que uno de los motivos por los cuales se ha demorado es que existe una opinión matizada en el departamento de Justicia de EE.UU.. Y este es el debate en el gobierno de Obama sobre un tema que rebasa por mucho el caso Zedillo. El departamento de Estado en principio invoca las buenas e importantísimas relaciones con México, y el hecho de que Zedillo fue un Presidente amigo y demócrata. Considera que no existe motivo para negarle la inmunidad, sobre todo que pueden existir muchos ámbitos sobre el verdadero origen y motivos de la demanda contra Zedillo. Dicho esto, el Consultor Jurídico del departamento de Estado, Harold Koh, se ha excusado del caso por haber sido decano de la Facultad de Derecho de Yale, donde Zedillo es catedrático. No obstante, Koh es un gran partidario de la jurisdicción universal, concepto que se opone frontalmente al de inmunidad soberana. Tanto Koh como el departamento de Justicia de Obama ya han llevado casos hasta la Suprema Corte con el principio de la jurisdicción universal, algo a lo que tradicionalmente EE.UU. se había opuesto. Es caso más sonado es el de varios activistas de derechos humanos nigerianos ejecutados por guardias de la Shell. Uno podría preguntarse por qué la ejecución de defensores de derechos humanos nigerianos por una empresa holandesa debiera ser atendida por la Suprema Corte de los EE.UU. Pero eso es precisamente lo que está en juego: es el gobierno de Obama y el departamento de Justicia en particular quien ha litigado a favor de la jurisdicción universal. Pero el departamento de Justicia, en el caso Zedillo, aparentemente tiene pocos argumentos. Son dos los principales: uno es no crear precedentes que permitan que otros ex mandatarios latinoamericanos o africanos principalmente, demócratas o dictadores, honestos o corruptos, puedan invocar inmunidad y desatar una ola de solicitudes. El segundo es ligeramente distinto: que se venga un alud de detenciones de dictadores en el mundo entero, pero principalmente de África, con sus respectivas peticiones de asilo e inmunidad justamente basadas en el precedente Zedillo. Por ejemplo, el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Obiang N. Mangue, hijo del dictador Teodoro Obiang N. Mbsago (cuyo palacio de 5 mil metros cuadrados en París con un valor de 150 millones de euros fue confiscado la semana pasada por el gobierno francés por las irregularidades detectadas en el origen de los fondos con los que se compró). Teodorín, como se le suele decir, y su padre, por el momento, no necesitan refugiarse más en su propio país que manejan con mano de hierro. Pero si algún día son derrocados sin ser ajusticiados, buscarán dónde pasar el resto de sus días, en libertad y prosperidad. En Francia donde tradicionalmente se asilaban los dictadores de las ex colonias, no podrán hacerlo. En otros países africanos, difícilmente. EE.UU. sería una buena opción si pudieran acogerse al principio de Inmunidad Soberana. Este es el verdadero debate de Connecticut. Hasta ahora la Ley de 1976 sólo se ha aplicado en dos casos: con el presidente en funciones de Sri Lanka y con Álvaro Uribe.