Lavanderías políticas

Raymundo Riva Palacio

La acusación más fuerte de Andrés Manuel López Obrador en contra de Enrique Peña Nieto y el PRI es que en la campaña presidencial lavaron dinero. El ex candidato de la izquierda no ha aportado prueba alguna que demuestre el delito que con dinero sucio canalizado a través de Monex se pagó a la estructura territorial y a los representantes del PRI en las casillas el 1 de julio. Como pasa siempre en México, en medio de tan sonora acusación, cunde la confusión.

López Obrador sólo ha dicho a dónde cree que llegó ese dinero, pero lo parte importante, de dónde salió, ni siquiera lo ha sugerido. Para qué meterse en problemas. El lavado de dinero es uno de los delitos más difíciles de probar, pero incubado en la mente de la sociedad, provoca en forma simplista y mecánica a vincularlo con el narcotráfico. López Obrador no lo dijo así, pero en las redes sociales se le ha dado esa interpretación. La realidad no avala la creencia, pero se hiperventila en el imaginario colectivo.

En los 70 municipios donde hay mayor incidencia de los cárteles de la droga, los electores votaron como lo han hecho en el pasado. De hecho, quien mejoró ligeramente sus posiciones fue el PRD, que arrebató algunos puestos municipales al PRI y al PAN, aunque nada significativo. Sobre la base de los resultados, el narcotráfico no fue un factor en la pasada elección, ni incidió a favor de ningún partido en el proceso.

El narcotráfico es uno de los generadores del lavado de dinero, pero muy superado por la prostitución, que en México y en el mundo es donde más se blanquea al ser un oficio ilegal que no puede declarar sus ingresos porque sería reconocer culpabilidad. En la política mexicana hay quienes lavan dinero porque están ligados al narco –es el caso de la acusación estadounidense contra el ex gobernador Tomás Yarrington-, quienes lo hacen por fraudes, y quienes lo utilizan para tareas políticas y campañas. Nunca lo reportan al fisco.

Honestidad Valiente, que recaudó lLópez Obrador, cae en la contradicción de acusar de lo que también es practicante. La asociación civil os fondos para mantenerlo durante un sexenio, pagar a sus colaboradores y organizar su campaña electoral, nunca reportó a Hacienda ni pagó impuestos. De dónde vinieron esos recursos, no se sabe. Esto no significa en automático que lavó dinero, pero podría alegarse que evadió impuestos. Recibir dinero no rastreable es una práctica común entre los políticos mexicanos, y uno de los problemas que más dolores de cabeza producen a las autoridades electorales en el mundo.

Estos dineros llegan muchas veces en forma de comisión o doble facturación en obras. Un caso pequeño pero ilustrativo fue la construcción de la ciclopista en el Distrito Federal, donde se pagó por una obra incompleta que fue facturada como completa. Igual sucede con ambulantes y antros. El comercio informal en el Centro Histórico de la ciudad de México, por ejemplo, deja un promedio de dos millones de pesos al día, y una delegación que tiene un reducido número de antros obtiene 10 millones de pesos al mes en efectivo.

Hay políticos que toman el dinero para beneficio personal, y quienes lo aplican a la operación política. En todos esos casos es un presunto lavador de dinero al no ser declarado ante Hacienda quien lo recibe y dispone de él en una forma que no deje rastro fiscal, y quien lo entrega, siempre en efectivo, sin declararlo. ¿Esto los hace delincuentes de alto riesgo? No. Ni a los políticos ni a los donadores que aportan efectivo a sus campañas.

Pero sí incurren en una probable violación a la ley, la evasión de impuestos. De este tema se cuidan mucho los políticos, para protegerse a sí mismos y para salvaguardar a sus contribuyentes. Nunca van al fondo porque puede revertírseles. Gritar que un político blanqueó dinero sin probarlo, como lo hace López Obrador, es jugar por la vía política para desacreditar, no para que las cosas cambien sino para imponer su agenda y alcanzar sus objetivos. Lo está logrando, aunque la mano que tira la piedra está sucia.